Tribunal Supremo avala que el informe de un detective privado sea prueba válida en incumplimientos laborales ligados a bajas

Introducción

En España, las relaciones laborales se apoyan en una serie de derechos fundamentales (como la intimidad, dignidad, honor) que protegen al trabajador, así como en deberes y facultades del empresario, que incluyen controlar la correcta prestación del servicio, supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y sancionar si se demuestra un incumplimiento laboral grave.

Cuando un trabajador está en situación de incapacidad temporal (IT), el Estatuto de los Trabajadores, la normativa de la Seguridad Social y otras leyes regulan qué puede y qué no puede hacer: la IT implica que el trabajador no puede desempeñar su actividad habitual, y que ciertas funciones sean exigibles se interrumpen, pero también acarrea derechos (remuneración, protección) y limitaciones objetivas.

Surge así una tensión: ¿qué sucede si una empresa sospecha (o investiga) que un trabajador en IT realiza actividades incompatibles? ¿Puede contratar un detective privado? ¿Las pruebas obtenidas son válidas en juicio si llegan a ese nivel? Hasta la Sentencia 551/2023, la doctrina no estaba completamente consolidada en todos los territorios ni circunstancias.

Esta sentencia del Tribunal Supremo clarifica muchos aspectos. Veamos el contenido del caso, lo que decidió el TS, sus motivos, qué significa “prueba válida”, qué límites pone, y qué consejos prácticos se derivan para empresas y trabajadores.

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El caso: hechos esenciales

Estos son los puntos clave del caso que da lugar a la Sentencia 551/2023. Themis – Detectives Privados+3adade-consulting.com+3Confilegal+3

• La empresa es Zaintzen S.A., dedicada a servicios de limpieza, mantenimiento y cuidado de personas. Confilegal+2Supercontable+2

• En febrero de 2021, la empresa encarga a un detective privado realizar un seguimiento a un trabajador (y a otro compañero) que supuestamente estaban incumpliendo obligaciones laborales, entre ellas trabajar mientras estaban de incapacidad temporal, realizando actividades incompatibles. Confilegal+2Supercontable+2

• El seguimiento incluyó observaciones “fuera del centro de trabajo”, uso de vehículo de la empresa, desplazamientos en coche proporcionado por la empresa con el compañero, etc. Iberley+2Confilegal+2

• Con base en el informe del detective se notificó al trabajador un despido disciplinario, imputándole diversos incumplimientos: trabajar y conducir bajo efectos del alcohol, uso indebido de herramientas de la empresa, desempeño de actividades impropias, abandono del puesto, incumplimientos del horario, abuso de confianza, etc. Confilegal+1

• En el Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao, se declaró el despido nulo, pues se estimó que la prueba del detective era ilícita, habiéndose lesionado el derecho a la intimidad del trabajador, porque no se habían acreditado indicios previos que justificaran el encargo del detective. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó esa nulidad. Confilegal+2Supercontable+2

• Zaintzen S.A interpone recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Supercontable+1

Tribunal Supremo avala que el informe de un detective privado sea prueba válida en incumplimientos laborales ligados a bajas

Lo que decide el Tribunal Supremo: Sentencia 551/2023

El TS, en su Sentencia 551/2023 (Rec. 2261/2022) del 12 de septiembre de 2023, dictamina lo siguiente, con los argumentos principales:

1. Validez de los informes de detectives privados como prueba
   El Supremo considera que los informes de detectives privados pueden servir para acreditar incumplimientos laborales, incluso cuando el trabajador esté en situación de incapacidad temporal, siempre que ciertas condiciones legales se respeten. Supercontable+3Iberley+3Confilegal+3

2. No se exige la existencia previa de indicios fundados
   Uno de los puntos más significativos de la sentencia es que el Tribunal Supremo rechaza que sea requisito indispensable haber acreditado indicios previos relevantes para que el empresario pueda contratar un detective privado. Es decir, la mera sospecha, los indicios leves, o las señales suficientes pueden justificar la contratación del servicio, sin que se deba probar ante la autoridad judicial antes de hacer el seguimiento. Supercontable+2El Economista+2

3. Límites de la prueba – proporcionalidad, legalidad, respeto a derechos fundamentales
   Aunque se permite el uso de estas pruebas, el TS pone énfasis en que no son válidas las pruebas obtenidas mediante métodos ilegales o intrusivos, especialmente si se vulneran derechos fundamentales: intimidad, honor, propia imagen, vida privada, domicilio. Por ejemplo, no puede investigarse la vida íntima en domicilios o lugares reservados según lo que marca la Ley de Seguridad Privada. Supercontable+3Gestoria Barcons+3Iberley+3

4. No toda prueba implica automático despido procedente
   El TS clarifica que aunque la prueba del detective privado sea válida no significa que el despido vaya a ser declarado procedente automáticamente. En este caso concreto, aunque el informe revelaba múltiples incumplimientos, el Supremo declaró el despido improcedente, porque la carta de despido no acreditaba suficientemente los hechos que se le imputaban al trabajador. Es decir, la empresa no cumplió con su deber de fundamentar la carga probatoria de modo suficiente. Confilegal+1

5. No vulneración de derechos fundamentales en este caso
   El tribunal evalúa que no se había incurrido en vulneración grave del derecho a la intimidad porque la vigilancia no se produjo en el domicilio ni en espacios reservados, la investigación se centró en actividades realizadas en lugares públicos o habituales de la función laboral o fuera de ámbitos privados protegidos. Iberley+2Confilegal+2

6. Consecuencias procesales
   Como la prueba es admitida, pero los hechos no se acreditaron con la suficiencia exigible en la carta de despido, el resultado fue la declaración de despido improcedente. La empresa debe optar entre readmitir al trabajador y pagar los salarios dejados de percibir, o indemnizar según lo que marca la normativa. Confilegal+1

Interpretación jurídica y doctrinal

Base legal aplicable

• Estatuto de los Trabajadores. Establece los derechos y deberes de empleador y trabajador, normas sobre baja por enfermedad común o accidente, incapacidad temporal, y sobre el despido disciplinario.

• Ley de Seguridad Privada 5/2014, en particular el artículo 48, regula la actividad de los detectives privados, sus funciones, y los límites (por ejemplo, no invadir la intimidad domiciliaria, la vida privada). El Economista+2Gestoria Barcons+2

• Constitución Española, artículo 18, relativo al derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, y protección de datos personales. Cualquier medida debe cohonestar con estos derechos fundamentales.

Doctrina precedente

Antes de esta sentencia, existían casos judiciales en los TSJs que habían admitido con matices la prueba de detectives en casos de itinerancia laboral, actividades incompatibles, etc., pero también otras decisiones que la habían rechazado por falta de indicios previos o por vulneración del derecho a la intimidad. La jurisprudencia se mostraba dispar en distintos territorios. El Economista+2Themis – Detectives Privados+2

Qué cambia la Sentencia 551/2023

• Establece una doctrina unificadora sobre la no exigencia de indicios previos fundados como requisito para contratar detective privado.

• Matiza que la prueba es lícita si se respetan los derechos fundamentales, si no se actúa en domicilios u otros espacios privados protegidos, y si el seguimiento se ajusta a criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.

• Clarifica que la justificación del despido (o sanción disciplinaria) debe estar bien fundamentada en la carta de despido o acto sancionador, específicamente vinculada a los hechos probados por la prueba, aunque la prueba sea válida.

Implicaciones prácticas

A continuación, lo que esta sentencia supone en la práctica para las partes implicadas: empresas, trabajadores, detectives privados, administraciones, y para el sistema judicial.

Para las empresas

1. Mayor seguridad jurídica al usar detectives privados
   Las empresas disponen ahora de un margen más claro para recurrir a estos servicios cuando existan sospechas de incumplimiento laboral, incluso si las sospechas no están plenamente acreditadas al inicio. Siempre que aseguren que la investigación se realice de forma legal, sin invadir domicilios u otros lugares reservados, respetando la dignidad y los derechos fundamentales, los informes podrán ser admitidos en juicio.

2. Criterios que deben cuidarse

   • Elegir un detective privado debidamente habilitado.

   • Documentar el interés legítimo que justifica la investigación.

   • Garantizar que el seguimiento o vigilancia no sea excesivamente intrusivo ni se extienda a ámbitos en los que la intimidad del trabajador está especialmente protegida (su domicilio, vida privada, etc.).

   • Asesorarse bien, tanto jurídicamente como en la gestión del acto investigativo, para que la prueba esté “bien hecha” y los hechos observados sean claros y concretos.

   • Redactar la carta de despido o sanción disciplinaria con hechos acreditados, detallados, vinculados con la prueba, para evitar que el despido sea declarado improcedente por falta de fundamentación.

3. Riesgos y costes en caso de actuación incorrecta
   Si la empresa actúa sin respetar los límites legalmente establecidos (por ejemplo investigando vivienda, domicilio, espacios privados, sin proporcionalidad), puede enfrentarse a sanciones, indemnizaciones, sentencia de despido nulo, obligación de readmisión, daños morales, etc., además del coste judicial, reputacional y de relaciones laborales.

Para los trabajadores

1. Derecho a la intimidad y protección legal
   La sentencia no avala una autorización sin límites para el seguimiento. El trabajador sigue protegido por la normativa constitucional, estatutaria y de seguridad privada. Si considera que la investigación vulnera su intimidad, su domicilio, su vida privada, puede recurrir a la jurisdicción social para que esa prueba sea declarada ilícita.

2. Importancia de la fundamentación de la carta de despido
   Aunque la prueba sea válida, un despido puede considerarse improcedente si la carta no relaciona claramente los hechos concretos con la prueba. No basta con decir “hacía actividades incompatibles”, debe detallarse qué actividades, cuándo, cómo se observó.

3. Posibilidad de defensa
   El trabajador puede impugnar no solo la validez de la prueba, sino también la proporcionalidad de la medida, la intrusión, si los medios utilizados han excedido lo necesario, si se han vulnerado los derechos del informante, etc.

Para detectives privados

• Reafirman su rol legal, siempre que actúen dentro de los requisitos legales (licencia, respeto de intimidad, lugares públicos o privados que no sean reservados, etc.).

• Necesitan trabajar con rigor metodológico: que sus informes sean detallados, verificables, con fechas, pruebas documentales o fotográficas, observaciones claras y objetivas.

• Deben guardar confidencialidad y respetar los límites que impone la Ley de Seguridad Privada (que regula su actividad).

Para la jurisdicción y la jurisprudencia futura

• La sentencia supone un precedente del TS que tiende a unificar doctrina, lo que reduce la inseguridad jurídica.

• Fija criterios claros para juzgadores de instancias inferiores: cuándo se admite la prueba, cuándo no; cuándo declarar el despido nulo, cuándo improcedente.

• Es probable que esta doctrina se cite como referencia en casos posteriores similares, ayudando a que la práctica judicial sea más homogénea.

Límites, contradicciones y preguntas abiertas

Aunque esta sentencia aporta claridad, no elimina todas las dudas ni riesgos. Aquí los puntos más controvertidos o que requieren especial atención:

1. ¿Qué es “lugar reservado” o “domicilio/protección especial” exactamente?
   La Ley de Seguridad Privada y la jurisprudencia consideran que no se puede investigar la vida íntima del trabajador en su domicilio, o en espacios privados donde se espera privacidad. Pero no siempre es fácil determinar si un espacio es “reservado” o “privado”. Por ejemplo, el caso de un club de golf privado fue considerado por el TSJPV como un “lugar reservado”, lo que llevó a declarar ilícita la prueba. Legal Today

2. Proporcionalidad y necesidad
   Aunque no se exige indicios muy fundados para iniciar la investigación, sigue siendo requisito que la medida sea proporcional al interés legítimo perseguido, que sea necesaria, que no haya otras vías menos invasivas, etc. Estos criterios son evaluados caso por caso.

3. Fundamentación suficiente en el acto de despido
   La sentencia muestra que, aunque la prueba haya sido admitida, el despido puede ser improcedente si la empresa no hace una carta de despido bien fundamentada. Esto exige que la empresa vincule los hechos probados con la conducta del trabajador, date, lugar, tipo de incumplimientos, etc.

4. Distinciones territoriales en interpretación previa
   Antes de la sentencia del TS, los tribunales de diferentes Comunidades Autónomas y TSJs aplicaban criterios distintos: algunos exigían indicios previos más sólidos, otros eran más laxos. Todavía, en la práctica, puede haber variaciones hasta que todos los tribunales inferiores se alineen con la doctrina del TS.

5. Posible conflicto con derechos fundamentales
   Siempre está latente el riesgo de que la investigación, si no se hace correctamente, vulnere derechos constitucionales. En estos casos, las garantías judiciales deben estar disponibles para el trabajador, para impugnar pruebas, reclamar responsabilidad si corresponde, etc.

Comparativa con otras sentencias relevantes

Para ver mejor el impacto de la STS 551/2023, conviene contrastarla con otros fallos:

• TSJ de Canarias, Sentencia de 6 de julio de 2023: reconoce que la empresa puede contratar detective privado ante sospecha de fraude de incapacidad temporal, sin necesidad de que las sospechas estén formalmente acreditadas previamente, y que la prueba del detective no es inválida salvo que haya vulneración de intimidad u otros derechos. El Economista

• TSJ del País Vasco, casos previos: algunos casos en los que se declara nula una sanción o despido por uso de pruebas de detective privado porque se habían captado pruebas en lugar reservado, o sin proporcionalidad, etc. Ejemplo del club de golf y segunda residencia investigados, donde la prueba fue declarada ilícita. Legal Today

• STS de 25 de mayo de 2023 (Rec. 2339/2022): mencionada en Iberley / Gestoría Barcons como precedente en que se investigaron labores de esfuerzo en jardín/huer­to de una casa, y se plantea si esa prueba vulnera la intimidad. Esa sentencia sirve para delimitar qué tipo de actividades pueden considerarse incompatibles y si la prueba obtiene autorización de la ley. Gestoria Barcons

Consecuencias sociales, éticas y de gestión

Más allá del estricto derecho laboral, hay una dimensión social y ética que merece atención:

• Clima laboral: el uso de detectives privados puede generar desconfianza, miedo o deterioro de relaciones laborales si no se comunica bien o se hace sentir como persecución constante.

• Estigma del empleado: los trabajadores en baja podrían sentirse estigmatizados si se asume que cualquier baja es sospechosa. Esto puede desincentivar que se den bajas legítimas o agravar problemas de salud al sentirse presionados.

• Transparencia y legitimidad: las empresas y entidades públicas deben asegurarse de que sus políticas de control sean transparentes, justificadas, y cumplan con principios legales, éticos y de proporcionalidad.

• Costes reputacionales: un despido mal planteado con uso indebido de pruebas puede generar no solo sanciones judiciales, sino crítica mediática, sindical, social, que afectarían la imagen de la empresa o administración.

Reflexión y recomendaciones prácticas

Basado en la jurisprudencia, la legislación y la Sentencia 551/2023, se pueden establecer una serie de recomendaciones para cada parte, que ayudan a limitar riesgos y ejercer derechos correctamente.

Para empresas

1. Evaluar cuidadosamente el riesgo antes de contratar un detective privado
   Aunque no se requieran indicios muy sólidos, debe haber al menos una sospecha razonable (aunque leve) y documentarla. Tener registros internos, quejas, señales objetivas, etc.

2. Elegir una agencia profesional, habilitada legalmente
   Que cumpla con la Ley de Seguridad Privada, con licencia, cobertura legal, que respete normativa de protección de datos, etc.

3. Registrar por escrito el encargo, describir qué se pretende investigar y por qué
   Tener documentos internos que justifiquen el interés legítimo, especificaciones del seguimiento, fechas, lugares, medios, etc.

4. Asegurar que la prueba se obtiene sin vulnerar derechos fundamentales
   Evitar domicilios privados, evitar grabaciones audiovisuales que vulneren intimidad privada, tener cuidado con lugares que puedan ser considerados reservados, etc.

5. Fundamentar bien la carta de despido o sanción
   Debe referirse a hechos concretos, fechas, pruebas, explicar en qué consiste el incumplimiento, quién lo ha observado, cómo se ha justificado, etc.

6. Asesoramiento jurídico
   Tener abogados laborales que revisen los casos, para asegurarse de que se respetan los requisitos legales, que la prueba se puede usar, que la carta está bien redactada, etc.

Para trabajadores

1. Conocer tus derechos
   Saber qué protege la legislación: intimidad, domicilio, vida privada, etc., y cuándo una prueba puede ser impugnada.

2. Revisar los actos administrativos/sancionadores recibidos
   Si recibes carta de despido disciplinario basada en seguimiento, pedir copia del informe, examinar si se obtuvieron pruebas legalmente, si se fundamentan como exige la sentencia.

3. Reclamar en los tribunales si se vulneraron derechos fundamentales
   Impugnar despido nulo, solicitar indemnización, etc.

4. Buscar asesoría jurídica especializada
   Abogados laboralistas que dominen la doctrina reciente y puedan hacer valer los derechos.

Conclusión

La Sentencia 551/2023 del Tribunal Supremo constituye un hito en la jurisprudencia española en materia laboral, control del trabajo, incapacidad temporal y protección de derechos fundamentales.

Su importancia radica en:

• Confirmar que los informes de detectives privados pueden ser pruebas válidas para demostrar incumplimientos laborales, incluso en situaciones de incapacidad temporal.

• Establecer que no es necesario tener indicios muy probados de antemano; basta con sospechas razonables para que el seguimiento no sea automáticamente ilícito.

• Poner límites claros: proporcionalidad, respeto a la intimidad, evitar investigar domicilios o lugares reservados, fundamentación adecuada del despido.

• Aclarar que la validez de la prueba no conduce automáticamente a la calificación de despido procedente; lo importante es que la empresa pruebe lo que imputa al trabajador de forma concreta.

Este precedente da mayor claridad legal, lo que favorece tanto a empresas como a trabajadores, pues reduce la incertidumbre sobre qué acciones pueden emprenderse, qué requerimientos deben cumplirse, y cuáles son los riesgos de actuar sin respeto a los derechos fundamentales.

Para quienes gestionan relaciones laborales, recursos humanos, o son representantes sindicales, es fundamental incorporar esta doctrina en sus protocolos internos, formación y asesoramiento.